Cada vez que los mapuche del Budi ocupan el fundo La Parroquia, que pertenece a la Congregación del Verbo Divino, son amenazados con ser sacados a la fuerza. Desde las 80 hectáreas del fundo La Parroquia, en Puerto Domínguez, se obtiene una vista privilegiada del lago. “Si se ocupan y recuperan tierras es porque los mapuches no tenemos tierra, no tenemos para criar animales ni dar sustento a nuestras familias. Apenas hay un poquito de tierra para sembrar y sobrevivir. Todas son tierras que pertenecían al cacique Pascual Coña y le fueron arrebatadas por el gobierno, que las entregó a los colonizadores. Hoy están en manos de los curas”, agrega Andrés Reuca. El propio vicario de la Pastoral Indígena del Arzobispado de Villarrica, Fernando Díaz, reconoce que “particulares y colonos son muy intolerantes y cerrados a la situación mapuche”. Los empresarios agrícolas de Puerto Domínguez, aparte de amenazar con “expulsar con sus propias manos a los mapuches”, argumentan que, como católicos, también son “dueños de las tierras que hoy están en manos de la iglesia”.
En 1902, las tierras del Budi fueron usurpadas a los mapuche por Francisco Ruiz Sánchez y Eleuterio Domínguez, quienes fundaron la Empresa Colonizadora Eleuterio Domínguez y el pueblo de Puerto Domínguez. El presidente de la República, Germán Riesco, les donó por decreto 50.000 hectáreas. A las autoridades de la época -y actuales- no les importó que donde actualmente está el fundo La Parroquia se emplazaba un cementerio mapuche. Ese mismo año, se fundó la Empresa Colonizadora del Budi. Entregada al mismo Francisco Ruiz Sánchez, éste la cedió a la Empresa Colonizadora Eleuterio Domínguez. El contrato, firmado entre los gerentes y el gobierno de la época, preveía entregar, progresivamente, 150.000 hectáreas. Por su parte, la empresa colonizadora se comprometía a instalar 300 familias de colonos españoles.
Cuando murió Eleuterio Domínguez, en 1907, solo 88 familias ocupaban 7.932 hectáreas. Otras 42.063 hectáreas habían quedado en poder de la Empresa Colonizadora. Fue un despojo “autorizado”. Para atraer a los colonos españoles, la empresa comprometía entregar a cada jefe de familia 75 hectáreas -más “una por cada año de edad de sus hijos varones mayores de 12 años”-, útiles de labranza, yunta de bueyes, caballo, semillas, además de “un auxilio de 30 pesos mensuales”.
